La PIC califica de deleznable “caza de brujas” la orden de Ortiz a un periódico para “investigar y desprestigiar” a Manuel Alcaraz

Enrique Ortiz, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo en una imagen de archivo. Foto El Mundo

Enrique Ortiz, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo en una imagen de archivo. Foto El Mundo

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante quiere mostrar mediante este comunicado su profunda indignación y su total rechazo contra el proceder absolutamente deleznable del empresario Enrique Ortiz que, según las conversaciones intervenidas por la Policía publicadas en Prensa, ordenó al director del periódico Metro “investigar y desprestigiar” a Manuel Alcaraz, quien fuera, como es conocido, fundador y presidente durante siete años de este colectivo ciudadano nacido inicialmente para oponerse a la aberración urbanística del Plan Rabasa.

En la información publicada este lunes último por un rotativo queda claro que Manuel Alcaraz fue blanco y víctima de una investigación periodística ordenada por el propio Enrique Ortiz con el supuesto objeto de chantajearle y bombardear la oposición que la PIC y el propio Alcaraz mostraron en todo momento contra el citado plan urbanístico patrocinado por Ortiz y el Ayuntamiento alicantino. Esta plataforma, ante la trascendencia de los hechos, se reserva el derecho a emprender acciones legales contra el propio Enrique Ortiz y contra quienes pudieran haber participado en aquella deleznable caza de brujas.

La PIC considera que actitudes y procedimientos como los que se han conocido este lunes dejan a los ciudadanos en una situación de absoluta indefensión ante la prepotencia, excesos y chulería de algunos empresarios, cuya principal fuente de actividad económica es, precisamente, la de las contratas con las administraciones públicas.

Este caso, como se sabe, no fue el único capítulo conocido de este calibre en el que la alianza Ortiz-gobierno municipal trataron por métodos espurios quitar de en medio a todas aquellas personas y colectivos locales que cuestionaban y cuestionan sus planes urbanístico/empresariales tanto en lo referido al Plan Rabassa como, ahora, a la implantación del macro-centro comercial de Ikea en los mismos terrenos.

Como se ha publicado en estos últimos días, la orden de “persecución periodística” a Manuel Alcaraz conocida ahora se suma a otros capítulos igualmente graves como son la conversación grabada por la Policía y en la que la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y el constructor Ortiz, hablaban de urdir un plan para descabalgar de la presidencia de la Asociación de Comerciantes de Alicante a Pedro de Gea, colectivo que se había mostrado hasta entonces públicamente contrario al citado macro-centro comercial de Ikea. Este macro-centro es, de hecho, una vía de escape para sus promotores una vez que los tribunales han tirado para atrás el original Plan Rabassa, está auspiciado por el propio Ortiz y el Ayuntamiento y supondría dar luz verde a levantar en los mismos terrenos de Rabassa una tienda de Ikea y el mayor centro comercial de la Comunidad Valencia, triplicando la existente actualmente en la ciudad.

La PIC considera que estas grabaciones refuerzan más, si cabe, la línea de trabajo que este colectivo ha mantenido desde su fundación, al tiempo que dibujan un panorama en el que cada día parece más evidente la alianza entre el empresario Enrique Ortiz y los responsables municipales a la hora de utilizar los recursos públicos en beneficio privado.

No contentos con hacer un uso absolutamente ilegal y desmedido de las capacidades que el Estado de Derecho les otorga, incluso tratando de doblegar la voluntad de funcionarios públicos como jueces, técnicos municipales, etc,, estas últimas revelaciones telefónica suponen un salto cualitativo en su desmedida estrategia a la hora de conseguir sus fines espurios y con procedimientos próximos a los de las sociedades gobernadas con tintes mafiosos.

Maqueta del Plan Rabassa, proyecto anulado por los tribunales hasta en cuatro sentencias tras las denuncia presentadas por la PIC y otros colectivos

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Esta plataforma considera que la información publicada en base a las conversaciones intervenidas por la Policía dentro de la investigación del supuesto amaño del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Alicante), y donde se ofrecen detalles del encargo que el empresario hizo al director del periódico Metro para que se investigase a Manuel Alcaraz con el objetivo de “desprestigiarle” públicamente, suponen un salto cualitativo de enorme gravedad que remarcan y refuerzan aún más si cabe las denuncias que este colectivo ha venido realizando no solo contra el mencionado Plan Rabassa, sino contra los principales actores como son el propio Enrique Ortir, y los dos últimos alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Como es conocido de todos, la PIC nace hace diez años justo cuando el empresario Enrique Ortiz en clara y sospechosa connivencia con los responsables del Ayuntamiento, Luis Díaz Alperi, como alcalde, y Sonia Castedo, actual alcaldesa y entonces edil de Urbanismo, tratan de llevar adelante el conocido Plan Rabassa que suponía de facto dar vía libre a la construcción de más de trece mil viviendas al margen del Plan General de Ordenación Urbana y de toda lógica urbanística.

Ante este grave despropósito, la PIC utilizó en todo momento los resortes que el Estado de Derecho otorga a la ciudadanía y luchó y abanderó la oposición al citado Plan Rabassa recurriendo, incluso en los Juzgados, lo que podría haber sido la mayor monstruosidad urbanística del Alicante actual y del futuro. La sentencia que declaró nulo este plan, junto a otras tres más en el mismo sentido, supuso sin duda un importante paso para restablecer el interés general por encima del interés privado, ahora, otra vez en peligro, con el mencionado macro-centro de Ikea.

La PIC cree finalmente que, a la luz de todos estos hechos y de la reciente decisión del Consell impulsando la Actuación Territorial Integrada (ATE) para agilizar la instalación del macro-centro comercial en Rabassa, este proyecto debería paralizarse de forma definitiva ante las cada vez más evidentes sospechas de chantaje y de corrupción que envuelven ambos proyectos –Plan Rabassa e Ikea- desde el principio.

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