Comunicado de la PIC: Basuras: otra vez pierde Alicante y gana Enrique Ortiz

El acuerdo adoptado ayer por el Ayuntamiento de Alicante con los únicos votos del equipo de gobierno del PP por el que se abre de par en par la puerta para la llegada masiva de basura de Valencia y de otras poblaciones de la provincia de Alicante a la planta de Foncalent tiene, a juicio de esta Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), fundamentalmente dos consecuencias nefastas. Una, supone convertir a la ciudad en el vertedero de una gran parte de la Comunidad. Y dos, el hecho de que el gran beneficiario de la decisión sea, otra vez, el empresario y constructor Enrique Ortiz, levanta sospechas fundadas de si no se estará haciendo un traje a la medida para tapar los problemas económicos que puedan acarrear en un momento de crisis como el actual alguna de las empresas del grupo Ortiz. En definitiva, si una vez más no se estarán poniendo por delante los intereses de un empresario particular a los de los ciudadanos.

Algunas consideraciones sobre el acuerdo son las siguientes:

1. INTERÉS PARTICULAR. Resulta harto sospechoso que el acuerdo en vigor desde el pasado julio, como revelan hoy los medios de comunicación, sea tan leonino para los intereses del propio ayuntamiento y tan favorable para los de la concesionaria del servicio, Inusa, y de paso los del constructor Enrique Ortiz implicado como es conocido en varios casas de corrupción relacionados precisamente con la basura. Una vez más este empresario resulta ser el gran beneficiado de una decisión municipal de un ayuntamiento presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, ya que de cada tonelada que está llegando de fuera a la planta él se estaría embolsando 37,6 euros frente a los 21,8 que irían a parar a las arcas municipales. Aquí cabe preguntarse si la decisión esconde el pago de algún peaje oculto.

2. BASURERO DE LA COMUNIDAD. La segunda pata por donde cojea este acuerdo es la elevada duración del mismo ya que se prevé que la llegada de basura, de hasta 140.000 toneladas por anualidad, tenga una vigencia de al menos ocho años según explicó en la sesión plenaria de ayer lunes el edil de Atención Urbana, Andrés Llorens. Lo que el equipo de gobierno justificaba no hace mucho como un gesto de solidaridad con la vecina Valencia acaba así por tomar carta de naturaleza y deja en evidencia una vez más la improvisación del equipo de gobierno a la hora de explicar este vuelco en el funcionamiento de la planta de Fontcalent.

3. LAS VERDADERAS RAZONES. No hace mucho era la propia alcaldesa y el equipo de gobierno del PP quienes justificaban la llegada de esta basura para poder hacer frente al pago de las nóminas municipales, y poco antes era la propia alcaldesa y el PP los que apoyaban un acuerdo propuesto por la oposición donde se cerraba el grifo a la llegada de basura de fuera atendiendo a las reiteradas quejas vecinales. ¿Cuál de todas estas es la verdadera razón que ha llevado a tomar esta decisión? ¿Con cuál de ellas nos tenemos que quedar los ciudadanos? ¿Mentían entonces o mienten ahora? Ante tantos cambios de criterio los ciudadanos de Alicante tienen -tenemos- todo el derecho del mundo a cuestionarse si realmente hay intereses ocultos e inconfesables para que una planta que fue concebida y construida para servir solo a la ciudad se esté convirtiendo en el auténtico vertedero de parte de la Comunidad. Con las previsiones dadas a conocer por el equipo de gobierno más de la mitad de la basura que llegará a la planta ya no será del propio municipio de Alicante.

4. LA FUTURA CONTRATA. Si grave es lo sucedido hasta ahora, dar carta de naturaleza a esta decisión y darle carácter definitivo incorporándola en el texto del pliego de condiciones de la nueva contrata, tal y como se acordó ayer, es todavía mucho más grave. Dice el concejal Llorens que la extensión en el tiempo de este acuerdo permitirá ahorrar a la ciudad cerca de ocho millones en el abono de la nueva contrata. ¿Tiene este concejal en cuenta la afección en términos de salud y medio ambientales que ello provocará a los residentes en las partidas rurales próximas? ¿Puede Llorens explicar a los vecinos estos cambios de criterio? ¿Puede un ayuntamiento justificar una decisión solo en cuestiones economicistas o debe entenderse el presupuesto municipal y la gestión de este servicio público como un todo? Son preguntas que la alcaldesa y el edil Llorens debían contestar antes de seguir tomando decisiones que dañan a Alicante y que, según todos los datos conocidos, a quienes más benefician es a otras poblaciones y a empresas y empresarios de todos conocidos.

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