Ikea-Rabassa: un ayuntamiento sin capacidad de decisión

Imagen virtual del proyectado macrocentro comercial de IKEA en Rabassa

Imagen virtual del proyectado macrocentro comercial de IKEA en Rabassa

1.-JOSÉ MARÍA PEREA. Las sentencias del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) anulando el Plan Parcial de Rabassa, aunque no son todavía firmes por el recurso de casación presentado por Visomed (Viviendas Sociales del Mediterráneo, empresa liderada por Enrique Ortiz), obligan a un cambio de figura jurídica para la obtención del mismo objetivo especulativo, que una vez abandonada la legitimación por las VPO (las más de quince mil viviendas de protección oficial anunciadas a bombo y platillo) pasa a ser el Macrocentro Comercial mas grande de la Comunidad Valenciana, promovido por la multinacional sueca, en alianza con el señor Ortiz, siguiendo con lo acordado por el Pleno Municipal de 29 de Enero de 2010 y publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana nº 6215 de 26 de Febrero de 2010, en relación con la información pública del Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo, S.L. e IKEA IBÉRICA S.A.U., para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector “Las Lagunas de Rabasa, y posterior firma del mismo. La tramitación del Convenio se realizó simultáneamente con la de la modificación puntual número 31 del vigente Plan General para legitimar la implantación de un centro comercial en esa zona, que fue definitivamente aprobada (*).

2.- La nueva figura jurídica de ATE (Actuación Territorial Estratégica) se ampara en la Ley Valenciana 2012, de 10 de Mayo, que regula un procedimiento exclusivamente de la Generalitat, en el que los Ayuntamientos afectados sólo tienen una mera audiencia, ni vinculante ni determinante, y constituye un intento de desvirtuar el resultado de la Sentencia del TSJ, lo que pudiera constituir una posible desviación de poder. En todo caso, en esta nueva operación el Ayuntamiento de Alicante no pinta nada, ni siquiera desde el punto de vista jurídico, tal y como parece la tónica general de estos últimos tiempos, con la cesión a SUMA del departamento de recaudación, o el rescate presupuestario por el Ministerio de Hacienda. Tal y como vimos en el Plan Rabassa, se trata de legitimar la ATE con los empleos que se van a crear (¿cuántos se van a destruir?) e incluso se hace un guiño a la Universidad con un embrión de parque científico….que la UA debería comprar a precios de mercado. El trámite está en una fase muy inicial, de consulta del promotor a la Generalitat (el Ayuntamiento nada tiene que ver, aunque luego tendrá que hacer un informe que debería aprobar el Pleno), La Consellería de Infraestructuras ha admitido a trámite la iniciativa (ver INFORMACION de 11.12.2013 y 31.12.2013) pero ahora debe superar numerosos trámites, entre otros el informe del Ministerio de Fomento, e iniciarse mediante una Declaración del Consell, seguida de la elaboración y aprobación de una propuesta de proyecto, con evaluación ambiental, etc. No esperemos  que la llegada de  IKEA  vaya a ser inminente ni mucho menos.

3.- El proyecto, con este nuevo ropaje, sigue siendo inasumible, en nuestra opinión, por razones como las que señalaba el profesor José Ramón Navarro Vera (Información 23.01.10): “Ikea y el plan Rabassa no sólo coinciden espacialmente, ambas son dos operaciones que se explican por las nuevas relaciones de poder que se dan en la ciudad y el territorio y que llamamos “urbanismo del promotor”, un modelo que se rige, entre otros, por la hegemonía de la iniciativa privada en las decisiones sobre determinadas intervenciones en el territorio en las que el sector público tiene un papel puramente instrumental; por un planeamiento desregulado, en la medida que las decisiones sobre el emplazamiento de Ikea se han hecho al margen del planeamiento general; por la introducción, en la práctica, de elementos monopolistas en las estructuras comerciales de la ciudad, en fin, un “urbanismo del promotor” que además de viviendas, muebles u otros productos nos vende un imaginario de ciudad ideal, desde un nuevo modo de vida a un paisaje”.

Desde el punto de vista de la economía local y del comercio, el resultado global de esta operación puede ser ruinoso para la ciudad, en términos de empleo y actividad económica. Hay que recordar que aquí no estamos hablando que se vaya a instalar simplemente una tienda de IKEA sino un macrocentro comercial gigantesco en una ciudad que cuenta con varias grandes superficies comerciales de reciente implantación además de numeroso comercio, de todo tamaño, en el tejido urbano. Alicante cuenta ya con la mayor oferta comercial de grandes superficies de toda la Comunidad Valenciana.

 

4.- Tampoco se acredita la coherencia con el modelo y estrategia territorial del municipio, ni tiene en cuenta siquiera los gravísimos problemas de acceso y movilidad que un macrocentro de estas características generaría, y que fue puesto de manifiesto por el Ministerio de Fomento en el informe sobre la implantación de IKEA en Rabassa.

En cuanto al coste,  la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana señala textualmente en su objetivo 20 que “los crecimientos urbanos que generen nuevas demandas de infraestructuras deberán repercutir los costes sobre los propietarios o el promotor, según determine la legislación aplicable”. La Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre de 2007, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado (BOE de 05.10.07) señala que: los planes se informarán negativamente en tanto no se adopten por los promotores, o por la autoridad que corresponda, las medidas oportunas para garantizar el mantenimiento del nivel de servicio del tráfico general”. El coste que debería asumir IKEA o el promotor señor Ortiz estaría, según informaciones periodísticas, en torno a los 40 millones de euros.

5.-Finalmente, está pendiente en sede judicial la denuncia de EU sobre la presunta connivencia entre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el promotor Enrique Ortiz, para que IKEA comprara los terrenos situados entre el cuartel de Rabassa y la rotonda de la Universidad de Alicante que pone este proyecto, como el del nuevo Plan General, en una situación de inseguridad jurídica mientras no resuelvan los jueces u otras instancias superiores.

La ATE Ikea-Rabassa es, por el momento, un nuevo ejemplo de la situación a la que está llevando a la ciudad de Alicante el actual equipo de gobierno municipal del PP: intervención por parte del Ministerio de Hacienda ante una deuda casi equivalente al importe del Presupuesto Municipal para 2014; cesión de la recaudación de los tributos al organismo de la Diputación, Suma, ante el fracaso de su propia gestión para garantizar ingresos regulares que hagan frente cada mes a los pagos imprescindibles; paralización de las inversiones públicas y recortes en los servicios sociales; y los dos proyectos urbanísticos más importantes, la actuación de Avant en el soterramiento y éste de Ikea-Rabassa, en manos de instituciones supramunicipales (Fomento-Adif-Renfe-Generalitat, con mayoría en Avant, y la Generalitat y un promotor privado, respectivamente). En definitiva, un Ayuntamiento sin autonomía ni capacidad de gobierno de la ciudad ¿para qué sirve en estas condiciones?

Firman también este artículo: Araceli Pericás, Isidoro Manteca, Reme Amat, Manuel Alcaraz, Armando Etayo, Rafa Bonet, José López, Francisco Javier Consuegra, Mario Serra Núñez y Pere Miquel Campos

(*) Este artículo apareció publicado en el diario Información el miércoles 22 de enero de 2014

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