La PIC pide la dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante considera que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debe presentar su renuncia al cargo con carácter inmediato tras haber sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  (TSJCV) en relación a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La decisión de este tribunal citándola a declarar para el próximo día 19 de octubre por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, los mismos que por cierto imputa también al exalcade de la ciudad y mentor suyo, el hoy diputado autonómico Luis Díaz Alperi, supone sin duda un antes y después para la actual alcaldesa en este largo y oscuro proceso. Si ella ya había manifestado su deseo de dejar el acta de diputada “para dedicarse por entero a la ciudad”, tras la nueva y grave resolución judicial parece que esta dimisión a medias sería de todo punto insuficiente y su renuncia debería de ser de ambos cargos.Su delicado momento procesal, en un procedimiento que no es descartable que se prolongue en el tiempo, aconsejan a todas luces que Sonia Castedo disponga, ahora sí, “de todo el tiempo”, pero para dedicarse a ejercer su defensa a la que, lógicamente, tiene todo el derecho del mundo.

Hay, entre otras, dos razones fundamentales que aconsejan su dimisión: por una lado, la crítica situación de una ciudad, Alicante, que está siendo doblemente golpeada por la crisis y que necesita en momentos como éstos de un gobierno que se dedique a ella y a plena dedicación las veinticuatro horas del día para tratar de dar soluciones y buscar una salida;y por otro, el hecho cierto de que lo que este auto viene a cuestionar son nada más y nada menos que cerca veinte años de ejercicio del poder del Partido Popular en la ciudad, en concreto desde el año 1995 en el que Díaz Alperi asumió el mando de la ciudad, y en particular del urbanismo a la carta que se habría llevado a cabo según la investigación judicial conocida hasta ahora.

Si la alcaldesa decidiese enrocarse en su sillón de la Alcaldía debería ser entonces su propio partido el Partido Popular, y más en concreto el presidente del Consell, Alberto Fabra, el que la obligase a dimitir. Otra decisión no sería entendible por los ciudadanos y dejaría al propio Fabra desnudo de discurso de regeneración.

Además, hay que recordar aquí las recientes palabras del presidente de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, exigiendo la dimisión del alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, a raíz de su implicación e imputación en la Operación Pokemon. Este ya ha dimitido. Sonia Castedo, y de paso Luis Díaz Alperi, deberían seguir el mismo camino.

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