Un silencio más… y otro despropósito del PP

JOSÉ MARÍA PEREA (*). Hace dos meses los integrantes de la Comisión Técnica de la PIC hicimos una reflexión pública sobre el estado de la ciudad que se resumía en el titular: Alicante, una ciudad en la UCI (ver INFORMACIÓN del 11 de octubre). A todas las consideraciones entonces expuestas se han unido en este tiempo, apenas sesenta días, dos hechos muy significativos: la definitiva paralización de la Ciudad de la Justicia y la amenaza de desaparición del TAM, el actual sistema de transporte de viajeros que permite la movilidad entre las poblaciones de Alicante y gran parte de la comarca de L’Alacantí. Dos hechos aparentemente distintos y distantes que ejemplifican la desidia e incapacidad para gobernar con sentido y acierto de los equipos que encabezan Alberto Fabra y Sonia Castedo, a nivel autonómico y municipal, respectivamente. (1)

Solar donde debería ir la Ciudad de la Justicia de Alicante

Solar donde debería ir la Ciudad de la Justicia de Alicante

Una ciudad sin Justicia
La Generalitat Valenciana, por boca de su conseller de Governació i Justicia, Serafín Castellano, anunció a mediados de octubre que el proyecto de Ciudad de la Justicia, tantas veces publicitado, no se realizará. Tan grave como la renuncia a este compromiso inversor de la Generalitat en la provincia es el silencio casi total de tantos estamentos a este anuncio. ¿Nada tienen que decir el Consejo General del Poder Judicial o el presidente de una Audiencia Provincial instalada desde hace años en unas condiciones sonrojantes por inadecuadas? ¿Tampoco tienen voz sobre este anuncio-renuncio los colegios profesionales directamente afectados? ¿Y nuestro Ayuntamiento, representante de los vecinos, ciudadanos objeto directo de una eficaz administración de Justicia? El Ayuntamiento de Alicante fue quien cedió los terrenos, entre el barrio de Benalúa y la línea del ferrocarril, al Ejército para que se implantara el Regimiento de Infantería San Fernando nº 11. En época reciente, con Luis Díaz Alperi como alcalde, el Ayuntamiento recompró -por inverosímil que parezca- esos terrenos al Ministerio de Defensa para destinarlos a Ciudad de la Justicia, cediéndolos a la Generalitat Valenciana para que acometiera la edificación. La alcaldesa no ha levantado la voz ante la Generalitat, ni siquiera desde su escaño de diputada en las Cortes Valencianas, ni ha respondido al anuncio del conseller Castellano más que con otro silencio cómplice. Alicante, la ciudad y la provincia, sus habitantes y vecinos, han sido castigados de nuevo con la anulación de una inversión pública necesaria. ¿Y ahora qué? En los años de bonanza económica hubieran subastado el suelo para construir viviendas pero en las actuales circunstancias, y con todo el terreno del soterramiento propiedad de Fomento (Adif-Renfe) para vender en las inmediaciones, quedará por muchos años un nuevo solar ejemplarizando los desmanes de la ciudad inacabada y desecha, símbolo de tantos años de desgobierno del Partido Popular. Alicante no debería renunciar a contar con la Ciudad de Justicia en ese lugar, próximo al emplazamiento de los actuales Juzgados de la ciudad. Mientras tal objetivo sea posible por parte de una futura Generalitat Valenciana se deberían estudiar posibles usos alternativos del suelo, con una mínima inversión en su acondicionamiento como parque urbano, huertos para vecinos, etc.

Uno de los autobuses integrados en el TAM de Alicante

Uno de los autobuses integrados en el TAM de Alicante

Un transporte necesario
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC-Alacant) ha venido defendiendo desde el inicio de su actividad, hace ocho años, una visión territorial de la ciudad y del urbanismo. La comarca de L’Alacantí es una realidad incontestable. Lo fue históricamente, antes de la creación de los actuales municipios, y lo es más ahora, donde la ciudad de Alicante no puede entenderse sin la realidad metropolitana de San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel o El Campello. Sumando la población de municipios como Xixona, Agost, Busot, Aigües y La Torre de les Maçanes, la comarca roza el medio millón de habitantes, una de las áreas territoriales más importantes de España, la segunda de la Comunidad tras la de Valencia. Una realidad que por múltiples razones territoriales, económicas, y sociales demanda desde hace años unas políticas mancomunadas de las que carece. Entre esas políticas está la movilidad, el transporte, en especial un servicio público de viajeros. Más de un cuarto de millón de vehículos particulares se desplazan actualmente en este territorio, especialmente entre la ciudad de Alicante y los cuatro municipios más próximos, entre los que están San Vicent del Raspeig (más de 50.000 habitantes), con el campus de la Universidad de Alicante, y Sant Joan, con el campus de Salud (Medicina y Enfermería) de la Universidad Miguel Hernández, con rectorado y sede central en Elche, y un Hospital Universitario que da servicio a gran parte de los vecinos de Alicante.
Estamos ante un territorio compartido en el que desde la recuperación de la democracia municipal, en 1979, se han dado pasos en la gestión del agua (abastecimiento y depuración-aprovechamiento) y el transporte. ¿Cómo es posible retroceder poniendo en peligro la supervivencia del TAM? ¿Por qué? Es un despropósito que no haya sido posible que se sienten en una misma mesa la Generalitat y todos los alcaldes afectados para buscar una solución que no perjudique al casi medio millón de vecinos de la comarca y a los trabajadores de las empresas transportistas integradas en el TAM, cuyos puestos de trabajo se ven gravemente amenazados ¡Si son todos los alcaldes del mismo partido, salvo Xixona!, ¿o no?
Los concejales de todos los municipios afectados deberían exigir un pronunciamiento de los respectivos plenos municipales, debatir este grave problema, exigir a la Generalitat que cumpla con su compromiso económico con el TAM e impedir que se rompa uno de los escasos vínculos de actuación territorial que con tanto esfuerzo se había conseguido. No puede ser un acuerdo de los alcaldes solos; a la vista está el fracaso de la reunión de la presidenta de la Diputación y la consellera de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, con una parte de los alcaldes. Ni solamente fruto de un acuerdo «in extremis», 24 horas antes de la huelga convocada por los trabajadores, entre la consellera Bonig y la alcaldesa Castedo, cual si fueren dos pirómanas reconvertidas en bomberos de la noche a la mañana. Un acuerdo este último, por cierto, que depende de la voluntad de un tercero, la empresa concesionaria de los servicios interurbanos, e impreciso en cuanto a los términos y plazos de vigencia.
Estamos ante una cuestión vital para todos los municipios, de todos los ayuntamientos, incluidos Agost, Xixona, La Torre, Busot o Aigües, tal y como desde la PIC hemos alegado recientemente ante el proyecto de Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad de Alicante. Las «guerras» políticas entre la dirección del PP en la Comunidad Valenciana y la imputada alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no pueden pagarlas los casi quinientos mil habitantes dependientes de un buen funcionamiento del TAM. ¿O sí? ¿Dejaremos que esta Generalitat y este Ayuntamiento de Alicante, ambos dirigidos por el PP, sigan cargando sobre nuestras espaldas sus luchas internas, sus cambios de humor y sus nefastas decisiones?

(*) Firman también este artículo Araceli Pericás, Isidoro Manteca, Reme Amat, Manuel Alcaraz, Rafael Bonet, Pere Miquel Campos, Juan Castillo, Armando Etayo, Pepe López e Ismael Vicedo.

(1) Este artículo se publicó el 14 de diciembre de 2013 en las páginas del diario Información de Alicante

 

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